Los últimos meses del año anterior, el país tuvo una tensa calma debido a las múltiples marchas que se presentaron como consecuencia del Paro Nacional convocado para el 21 de noviembre y que se extendieron hasta finalizar el mes de enero, como una manera de mostrar el descontento ciudadano frente a las políticas económicas, sociales y ambientales del gobierno del presidente Iván Duque, así como el manejo que se le habría dado al acuerdo de paz con las FARC y el homicidio de líderes sociales. Medellín no fue la excepción y el centro de la ciudad sufrió semana tras semana los embates de la protesta social que buscaba mostrar dicho descontento.
Si bien la cuarentena por la pandemia calmó por cerca de seis meses los ánimos de los ciudadanos inconformes, con el reinicio de actividades también se reactivó la protesta en todo el territorio nacional.
La Constitución Política de 1991 reza en su artículo 37 “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”. Así lo entendemos todos los ciudadanos, un derecho que podemos ejercer. Sin embargo, se ha popularizado que toda marcha, al menos en el centro de Medellín, termina con afectaciones a personas, comercios e infraestructura, y algunas incluso con lesiones a marchantes, policías o personas del común que transitan por las zonas en donde transcurren dichas marchas.
Los sucesos de los últimos días acaecidos en Bogotá, en los que murió el abogado Javier Ordónez a manos de dos policías, agravan la situación. El descontento expresado en la protesta social, se ha mezclado con fuerzas ocultas que buscan desestabilizar al país, infiltrando las manifestaciones y generando vandalismo. Por otro lado, las acciones de la fuerza pública donde se demuestra abuso de autoridad, dejan en evidencia que aunque se trate de una institución que es absolutamente necesaria para la convivencia y la seguridad de nuestros nacionales, también requiere una reestructuración en sus procesos y formación de sus miembros.
En ambos casos se requieren acciones urgentes. Por un lado, los organizadores de marchas, es decir, centrales obreras y movimientos estudiantiles, entre otras, deben velar porque estas no sean infiltradas y pierdan su legitimidad como derecho fundamental. Por el otro, urge revisar lo que pasa en el interior de la Policía Nacional, porque ya no parecen ser casos aislados los que se presentan en todo el país, en los que uniformados actúan por fuera de los protocolos y afectan la credibilidad institucional.
Más de 13 muertos y un centenar de heridos en estas marchas, debe hacernos reflexionar. El papel que juegan nuestros dirigentes locales y nacionales es muy importante, y por ello, también es importante hacer un llamado a la prudencia, a la sensatez, a la cordura. Los ataques y acusaciones que se vienen dando a través de redes sociales y medios de comunicación no le ayudan a la coyuntura actual, por el contrario, contribuyen a atizar el fuego y a generar mayores distanciamientos entre los ciudadanos.
La polarización es un camino fácil pero profundamente contraproducente, dividir en bandos a la ciudadanía solo puede generar más violencia a largo plazo y generar una fractura social que podría tardar años en recomponerse, es ahora cuando se deben procurar discursos de paz y unión, que además reivindiquen a todos los que con argumentos válidos y de forma pacífica reclaman cambios necesarios para el avance de nuestra sociedad.
