Si bien la nueva reglamentación para la informalidad en Medellín comprende importantes garantías para estos vendedores, los empresarios formales se preguntan dónde quedan los beneficios para ellos.
En 2014 Medellín se convirtió en la primera ciudad del país con unos lineamientos claros para controlar la informalidad, esto luego de que el Concejo Municipal expidiera el Acuerdo 042 de ese año, que adoptó la Política Pública para los Venteros Informales de Medellín y sus Familias, con el objetivo de mejorar su calidad de vida, su formalización social y formación.
Sin embargo, no fue sino hasta hace pocos meses que se retomó la construcción y reglamentación de esta política, atendiendo a la fuerte crisis económica que acarreó la pandemia y que incrementó aún más las ya altas cifras de informalidad en la ciudad.
Pero, si bien el decreto incluye atención social, oferta institucional, apoyo con subsidios, legalización de su quehacer, e incluso conceder un lugar en el espacio público, la alta tolerancia que se tiene frente a las actividades informales ha generado inconformidad entre los empresarios formales que consideran que ellos no tienen los mismos beneficios.
La opinión de los formales
Actualmente, se estima que Medellín tiene unos 35.000 venteros informales. La cifra puede variar por el aumento en población migrante, víctimas del conflicto, desplazadas y desempleos generados por la pandemia.
Este alto número desborda la capacidad del espacio público, lugar donde los vendedores informales suelen ubicarse para trabajar; dicho problema, al igual que el hecho de que estas personas no pagan impuestos, es quizá la principal queja de los comerciantes formales.
“Aquí en el centro pagamos arriendos carísimos por los locales, generamos empleo digno con mucho esfuerzo y nos hemos tenido que sobreponer sin ayuda a obstáculos tan grandes como lo fueron las cuarentenas. No es justo que la autoridad cobije a quien sin aportar nada ocupa la entrada de mi negocio con el suyo”, comenta Esther Restrepo, administradora de un local de ropa ubicado cerca al Parque Bolívar.
Por su parte, Fenalco Antioquia expresó a este medio su concepto frente al tema. Para Claudia Bustamante, economista de la entidad, la política pública de vendedores informales tiene como finalidad ser una herramienta para el desarrollo de soluciones a la situación de precariedad de este sector y apunta a ampliar las capacidades y oportunidades de las personas hacia condiciones de igualdad y equidad, disminuyendo los niveles de pobreza y desigualdad; así como mejorar las condiciones para la inclusión de la población trabajadora informal en el aprovechamiento del espacio público.
“En ese orden de ideas, desde Fenalco Antioquia siempre hemos sido enfáticos en lo complejo que es ser formal, debido a los altos costos que implica serlo y los altos impuestos, en este caso, si la política se enfoca en darles condiciones de igualdad y equidad, disminuyendo los niveles de pobreza y desigualdad, bienvenido sea por esa población vulnerable. Sin embargo, los Gobiernos Nacional, regional y local deberían trabajar en políticas públicas que permitan facilidades de formalización porque las altas tasas de informalidad acotan el acceso al crédito e impiden la adopción tecnológica, limitando la escala de producción de las empresas y afectando negativamente la productividad y el crecimiento del país”, explica Bustamante.
¿Qué responde el Estado?
Desde el empresariado son comunes las quejas por la protección que tienen los informales y de la cual carecen los formales, no obstante, el Estado justifica esto legalmente ya que la Corte Constitucional en la Sentencia C-211/2017 determinó que los venteros informales son población vulnerable debido a la inequidad y desigualdad en el acceso a bienes y servicios y, por tanto, son sujetos de especial protección constitucional.
En esta misma línea, la Corte explicó refiriéndose a las condiciones de vulnerabilidad de los venteros informales, que la ocupación del espacio público tiene relación directa con el “crecimiento natural de las ciudades, bien sea por abandono del campo, por desplazamientos forzados, o por otras razones, que llevan a muchas personas, que no pueden ser captadas por las formas corrientes de trabajo subordinado, a la ocupación del espacio público en las ciudades para desarrollar allí un trabajo informal y obviamente contrario al derecho de todas las personas a usar y disfrutar de ese espacio público”.
En consecuencia, indicó que las autoridades tienen el deber de diseñar e implementar políticas públicas tendientes a contrarrestar los efectos nocivos de la ocupación del espacio público, justo como se está haciendo en la capital antioqueña.
Y como con tan solo un poco de observación, para cualquiera es fácil percibir que con las condiciones sociales actuales es imposible acabar con la informalidad en Medellín, quizá la solución a los descontentos del empresariado no vaya en terminar con las garantías para los informales, sino en generar más estrategias para motivar a la formalización y la empresa legal y así velar por la sostenibilidad de las compañías que hoy dan empleo y le aportan a la economía de la ciudad y el país.
