El pasado viernes 29 de julio, el presidente Juan Manuel Santos estampó su firma en el nuevo Código de Policía que había sido aprobado semanas antes en el Congreso.
Durante la sanción de la citada norma, cuya vigencia empezará en enero de 2017, el Jefe del Estado dijo que “este Código no es para limitar los derechos y las libertades ciudadanas (…), como algunos han insinuado. Todo lo contrario, es para garantizarles sus derechos y sus libertades” y aseguró que las nuevas normas no pretenden “encarcelar a más gente”, sino que tienen por objeto prevenir y evitar que problemas de convivencia se conviertan en asuntos penales.
El documento contiene 245 artículos y reemplaza normas que no habían sido actualizadas en el país en los últimos 40 años. “Con la evolución tan rápida que ha tenido la criminalidad, y su adaptación a las tecnologías, eso significará un gran avance, porque les da dientes a las autoridades para poder hacer mayor control”, dijo el secretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas.
Muchos de esos artículos impactarán directamente el día a día del centro de la ciudad. Desde asuntos simples como la obligatoriedad de tener servicio de baño en todos los establecimientos públicos, hasta normas más drásticas como la prohibición de que haya vendedores ambulantes en el espacio público.
Incluso cambiarán las reglas de juego para los residentes. Villegas ilustró el caso con un ejemplo: “una persona tiene el volumen alto en una fiesta y cuando llega la policía lo baja, pero cuando la autoridad se va, lo vuelve a subir. Si en la zona hay presencia de ilegales, entonces los llaman y ellos intimidan con un arma”, dijo. Esto podría evitarse con el nuevo código.
Pero no todos los sectores ven con buenos ojos la llegada de las nuevas normas con mayores “poderes” para la fuerza pública. El especialista en conflictos e investigador de la Corporación Región, Max Yuri Gil, aseguró que el código asume que el problema es la falta de herramientas para las autoridades cuando, a su juicio, se trata de eficiencia a la hora de hacer cumplir las normas.
“El problema es que se están cobrando elevadas sumas de dinero por los malos comportamientos y eso envía un mensaje similar al de las fotomultas y es que quien tenga para pagar puede actuar mal. Eso es grave”, dijo.
Según estadísticas del Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia de Medellín, SISC, los delitos con mayor ocurrencia en la comuna 10 están relacionados con el microtráfico (397.208 casos en lo corrido del año). El segundo delito es el hurto a personas -incluyendo raponazos y atraco- (con 1.677 casos) y las lesiones personales (640 casos documentados).
Los artículos del código de policía que más impactan el centro
1. Espacio público: Está prohibida su ocupación por venteros no regulados. Habrá controles inminentes y los gobiernos locales tendrán seis meses para garantizar el trabajo de estas personas.
2. Sanciones a venteros de buses: Cuando obstruyan la circulación de pasajeros se les impondrá una multa equivalente a $185.000.
3. Habitantes de calle tendrán centros de refugio temporal: Medellín ha avanzado en esta materia con los Centro Día.
4. Se podrá cortar la electricidad a escandalosos: Aquellas personas o locales que no atiendan una orden de cesar el ruido, serán sometidos a multas de $185.000 y la policía podrá desactivar la fuente de energía del lugar.
5. Se prohíbe hacer grafitis: Aunque no se especifica si en todas las zonas. Los infractores podrán recibir multas, pero no podrán ser sujetos de fuerza por parte de agentes de la ley.
6. Robo a elementos relacionados con servicios público: Quien robe tapas de alcantarilla, cables de electricidad o telefonía, será obligado a reponer su valor.
7. Basuras en vía pública: Quien abandone o arroje basuras en vía pública será multado con $735.424.
8. Venta de celulares: Solo quienes tengan permiso del Ministerio TIC, podrán comercializar celulares. La reventa de equipos usados acarreará suspensión de la actividad y multas.
9. La policía podrá entrar sin orden judicial a una vivienda o centro educativo: Esta norma aplica cuando haya alteraciones de la convivencia y en seis casos definidos puntualmente. Una de ellas será la posesión de drogas o sustancia prohibidas.
10. Armas de fogueo: Quedan prohibidas todas las armas de fogueo, incluyendo los spray y tubos de gas pimienta, en lugares abiertos al público o con aglomeración de personas. También se sancionarán las riñas callejeras.
