Son las cinco de la tarde de un lunes en el bien conocido Parque del Periodista del centro de Medellín, una esquina con algunos árboles designada hace años por la comunidad como espacio para conversar, para tomar cerveza y aspirar un poco de marihuana. Es tan normal ver gente consumiendo esta última en el periodista, que los transeúntes que frecuentan la zona se han acostumbrado a la nube densa que parece envolver al lugar a cualquier hora del día.
Sin embargo, hoy nadie está fumando, no hay cervezas ni botellas de otro licor a la vista. Una moto de Policía y sus dos agentes son el centro de atención, la mayoría parece estarlos viendo y ellos de vuelta, en un baile de miradas que va de un lado al otro y se repite cada vez que llega un nuevo ciudadano a ocupar algún espacio para sentarse.
Esta dinámica inusual se debe al nuevo decreto firmado por el Alcalde Federico Gutiérrez para eliminar el consumo de sustancias psicoactivas en parques y espacios públicos. Según el mandatario local, el principal objetivo detrás de este es alejar a los niños y adolescentes de prácticas a las que, por su edad, no deberían estar expuestos.
Si bien la medida ha sido bien recibida por parte de la ciudadanía, también tiene sus detractores, es decir, quienes piensan que este tipo de estrategias no hacen más que fomentar la persecución contra el consumidor y no ponen los ojos sobre el verdadero problema, el tráfico de estupefacientes.
¿Por qué un nuevo decreto?
Hace poco el Gobierno Nacional restringió la capacidad que tenía la Policía Nacional para incautar drogas que no excedan la dosis mínima. Esto tras firmar el Decreto 2114 el 7 de diciembre de 2023, el cual derogó el Decreto 1844 de 2018, que otorgaba a las autoridades la potestad de intervenir el microtráfico en espacios públicos. Dicha situación generó una serie de respuestas por parte de los líderes locales en Colombia.
Así, en el caso de Medellín, se expidió el Decreto 0044 del 17 de enero de 2024, mediante el cual la Alcaldía de Medellín restringe el consumo de sustancias psicoactivas en instituciones educativas públicas y privadas, parques y plazas públicas, centros deportivos y recreativos, así como en eventos públicos o privados con presencia de menores de edad. La medida aplica además 100 metros a la redonda de cualquiera de estos puntos.
“Al ciudadano que esté infringiendo esta normativa, se le impondrá una multa de $693.000. Es importante mencionar que si se presenta una situación que ponga en peligro a un tercero en el marco del procedimiento, los uniformados están facultados para realizar un traslado a centro de detención por temas de protección”, explicó el brigadier general Óscar Lamprea.
Si bien el decreto generó polémica entre diferentes sectores de la opinión pública, muchos consumidores expresan una posición común:
“Ya estaba prohibido consumir en espacios públicos. Quizá manden a los policías a poner más comparendos o estar más estrictos, pero las normas prohibicionistas siempre han estado. La última semana han hecho que se paren (los policías) aquí en el Periodista día y noche y restrinjan el consumo, pero quién sabe cuánto dure. Si es verdad que no se quiere dar persecución al consumidor, pienso que sería más fácil disponer espacios para este y dejar otros que sean solo familiares en los que esté prohibido fumar”, dice Estefanía Zapata, visitante frecuente del Parque del Periodista.
Cómo ella, son más consumidores quienes expresan que ya sentían que podían ser procesados por fumar o portar marihuana u otro tipo de sustancia, por lo que no notan grandes cambios tras el decreto.
Sin embargo, algo que resalta de su testimonio es la diferencia notoria que genera la presencia policial efectiva en los espacios públicos. Hay menos consumo, también menos delincuencia común y más transeúntes que caminan con sus pertenencias en la mano. Este cambio también se percibe por estos días en la Plaza Botero, donde turistas y locales inundan los espacios mientras toman fotos con cámaras y celulares.
Aún falta
Aunque el incremento de policías presentes en la Comuna 10 comienza a notarse y a traer mejoras en cuanto a la percepción de seguridad en el territorio, las problemáticas de este son grandes y no desaparecen.
Lugares emblemáticos como el Parque Bolívar, aún se encuentran sumidos en una crisis social que va desde la inseguridad hasta la habitancia en calle. Así lo cuenta Juan Camilo, quien es uno de los vigilantes pagados por EPM para velar por que nadie ingrese a la fuente que se encuentra frente a la imponente Catedral Metropolitana.
“Los robos y las riñas son el pan de cada día. Nosotros los vigilantes solo podemos cuidar que nadie se meta a la fuente a bañarse, y llamamos a la Policía cuando vemos que algo pasa, pero la respuesta demora. Incluso con el CAI dentro del parque, son muy pocos policías y ellos deben, además del parque, cuidar de otros espacios. El consumo es una cosa, cada quien tiene libre albedrío, pero los robos me parecen incluso más graves. Así como la vigilancia de la iglesia, si ves todos los ladrillos de las primeras líneas están dañados porque los raspan y no hay nadie que pueda hacer algo”, expresa desde su puesto de vigilancia ubicado en una carpa justo en frente de la Catedral.
Y es que, aunque la exposición constante de los menores de la Comuna 10 al consumo de drogas es una situación que debe ser atendida con urgencia, no es la única problemática a la que se enfrentan desde hace bastante tiempo los parques y espacios públicos del territorio. Los ciudadanos esperan que la presencia efectiva de las autoridades continúe y siga trayendo resultados positivos para la convivencia.
Por: Valentina Castaño
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