Medellín es una de las ciudades con mayor actividad comercial del país, lo que la hace altamente vulnerable al contrabando. La Policía Fiscal y Aduanera es la entidad encargada de combatir este delito. Así opera y este es su balance de 2019.
Por Diana Isabel Quintero R.
La función de la Policía Fiscal y Aduanera -POLFA- es controlar que las mercancías extranjeras que ingresan al territorio nacional cuenten con la documentación de importación, o la factura que demuestre el vínculo comercial.
Cumple esa labor en las denominadas zonas secundarias (vías nacionales y establecimientos abiertos al público). “Somos Policía, pero pertenecemos a la estructura DIAN, como un área, pero solo en control secundario. Esporádicamente, hacemos control en zonas primarias, como puertos y aeropuertos. Así lo explica el mayor Harold Armando Useche Yépez, jefe de la División de Gestión y Control Operativo de la Policía Fiscal y Aduanera, Seccional Antioquia.
“Nos enfocamos en las grandes bodegas y grandes transportistas, para no correr tras el comerciante pequeño. Son mafias, es un sistema criminal que ha estado por décadas”.
“Lo que se quiere es llegar a los grandes centros de acopio. Hemos priorizado intervenir las grandes bodegas, donde se encuentran altas cantidades de mercancía. Buscamos atacar a los grandes importadores, que utilizan empresas fachada que trabajan en la ilegalidad, y finalmente, develarlos y ponerlos ante la justicia. Esa es nuestra prioridad”, enfatiza. A la vez, señala que el comerciante pequeño es solo el último eslabón de la cadena criminal del contrabando.
Otra línea fundamental de trabajo de la POLFA es el fortalecimiento de las investigaciones estructurales, labor que desarrolla alineada con la Fiscalía General de la Nación. En ese campo, adelanta procesos investigativos para develar las mafias y estructuras dedicadas al contrabando.
Este año la Policía Fiscal y Aduanera ha realizado 2.250 acciones de control, que han arrojado como resultado la aprehensión de 7.149.975 unidades de mercancía de contrabando, cuya comercialización se ha evitado, blindando y protegiendo el comercio legal. La DIAN las avalúa en $33.717.704.947, cifra, que, según el mayor Useche Yépez, está muy por debajo del precio comercial.
Estos delitos también atentan contra la salud pública. En el caso de los licores y los medicamentos, las organizaciones ilegales, no solo los contrabandean, sino que también los adulteran.
Durante este año la Policía Aduanera también ha realizado operaciones con la Fiscalía General, que han dado como resultado la captura de 23 personas dedicadas al contrabando, la falsificación marcaria y la usurpación a los derechos de propiedad industrial. “Es un delito que también se presenta porque a veces la gente, por desconocimiento o por cultura de la informalidad, comercializa ese tipo de productos, sin saber que está cometiendo un delito, como es la falsedad marcaria. Las grandes industrias y las grandes marcas tienen una patente y una protección de sus marcas y no cualquier persona puede comercializarlas”, aclara el uniformado.
La falsificación marcaria se presenta en dos modalidades: a través de contrabando técnico, es decir, ingresando réplicas, bien hechas, pero falsas, y a través de las conocidas maquilas.
El paso a paso de un operativo
La POLFA tiene un componente de inteligencia y policía judicial, mediante el cual lo primero que hace es una verificación de una información o un indicio. “Se hace esa validación, se perfila el lugar, y de acuerdo con una planeación estratégica con el Comando de la Policía Metropolitana, se organiza la intervención. Cuando vemos que no afecta mucho el orden público, se trata de minimizar la participación de grupos de choque como el ESMAD. Ya cuando son grandes íconos, sí se utilizan de manera preventiva, para no tener afectación a la integridad de nuestros funcionarios y de las personas en general”.
Paso seguido, explica que se hace el cierre del local, se notifica a la persona que recibe la visita y se empiezan a validar los documentos que amparan las mercancías que se encuentran en esos sitios. “Cuando le hacemos la trazabilidad comercial y vemos que no cumple con la normativa de la regulación aduanera, procedemos a aplicar la medida cautelar, que es la aprehensión”. Explica el mayor Useche. Además, agrega que no se efectúa un decomiso definitivo, sino que la mercancía se inmoviliza y se deja en un depósito, bajo la custodia de la DIAN, mientras se adelanta un proceso administrativo o penal, de acuerdo con lo que se encuentre. “El dueño de esta mercancía tiene un debido proceso. El proceso finaliza con el decomiso definitivo o con la devolución, de acuerdo con los soportes que la persona presente por esas mercancías” detalla.
Cuando supera los cincuenta salarios mínimos, o hay falsedad marcaria, entra en el ámbito penal, y el proceso cambia porque ya pasa a la Fiscalía General de la Nación, anexo al proceso administrativo con la DIAN.
“A través de los procesos investigativos que llevamos con la Fiscalía, también trabajamos la extinción de dominio. Los sitios que han sido intervenidos, también pueden ser objeto de medidas cautelares de secuestro y embargo por parte de la Fiscalía, a través de procesos de extinción de dominio. Este año se han realizado en Medellín a ocho bienes”, concluye.